Justicia electoral

Carlos Elizondo Mayer-Serra
Reforma
11 de Agosto del 2006

Terminado el conteo ordenado por el Tribunal, cuando éste integre los datos y determine qué corresponde hacer, conoceremos el grado de limpieza de la jornada electoral. Si bien se trata de sólo el 9 por ciento de las casillas, están concentradas en los estados donde el PRD presentó pruebas más creíbles de posibles irregularidades. Dentro de este grupo se encuentran muchas en los estados gobernados por el PAN, donde López Obrador perdió por mayor margen.

El PRD y sus aliados deberían haber celebrado la decisión de recuento parcial. Dicen querer contar nuevamente todo porque sus adversarios recurrieron, como escribió recientemente López Obrador, a la "falsificación de actas y alterar burdamente los resultados". Si así fue se verá en el conteo de estas casillas, y no como unos cuantos errores, sino con contundencia. En un escenario de fraude como el imaginado por el PRD, este conteo parcial podría revertir el resultado y darle el triunfo a su candidato.

Era la oportunidad para esperar que las pruebas hablaran por sí solas. Esa estrategia, sin embargo, comporta un riesgo: que las irregularidades sean menores y aisladas, que nuevamente la acusación del fraude no resista el peso de la realidad, y entonces tener que conceder la derrota. Por ello, en lugar de esperar a que las instituciones hagan su trabajo han decidido aumentar la presión.

Para el PAN, quien ha dicho que aceptará cualquier decisión del Tribunal, es un escenario donde corre el riesgo de ganar poco con cualquier desenlace. Si la elección tuvo problemas, se revelarán sobre todo en las casillas donde gobierna y tuvo representantes. No en aquellas en las que no lo hace y tampoco tuvo representantes. El conteo voto por voto les daría mayor certidumbre al también tomar en cuenta donde López Obrador arrasó.

Sin embargo, si el conteo parcial muestra que no hubo problemas serios, no parece que vaya a ser suficiente para la mayoría de quienes ya hicieron de su grito de lucha el voto por voto. Ya dejamos atrás una discusión racional basada en los hechos. Incluso, si el nuevo conteo fuera similar al primero, muy pronto esa "extraña" similitud podría convertirse en la nueva "prueba" del fraude.

Al PRD no parece interesarle procesar las diferencias dentro de las instituciones, ni con un Tribunal en cuya definición y selección de sus magistrados participó. Por ello, ya fueron más allá de lo prometido por López Obrador en su primera "asamblea informativa", cuando dijo con toda claridad que buscaría no hacer daño a terceros. Una disculpa por las molestias causadas intencionalmente, como es el caso de acampar en Reforma, no subsana la violación de los derechos de terceros.

En México tenemos, por decir lo menos, una relación ambigua con el Estado de derecho. Es usual la sospecha de que impera la máxima atribuida a Porfirio Díaz de que "para mis amigos, justicia y gracia; para mis enemigos justicia a secas". Sólo así se puede tratar de entender, aunque no justificar, el que un actor político importante de un partido que ha aceptado en sus estatutos respetar la Constitución, y que por eso tiene registro y cobra prerrogativas, pueda criticar al presidente de la Suprema Corte por haber dicho que el derecho y las reglas "deben estar por encima de los caprichos individuales".

Así debería ser. Desgraciadamente, sin embargo, no sólo nuestras leyes permiten a ciertos individuos que han cometido crímenes evidentes evitar pisar la cárcel si cuentan con buenos abogados, algo que tendría que estar en la agenda de reformas inmediatas; sino que nuestro frágil Estado no tiene instrumentos adecuados para evitar que grupos organizados violen sistemáticamente la ley.

La situación es similar a la de la toma de la UNAM por parte del CGH. El gobierno de entonces permitió innumerables ilegalidades ante la protesta de muchos actores contrarios al movimiento. Sólo actuó cuando la imagen del movimiento estaba desgastada, por su necedad y por sus propios actos violentos. Pero cuando la PFP desalojó al CGH de la UNAM lo hizo con pulcritud. Un muerto habría bastado para poner en riesgo las elecciones del 2000.

El conteo parcial dirá mucho sobre el control del proceso. Si hay irregularidades mayores, tendremos que pensar en aún más candados y controles. No es fácil imaginarse cuáles. Pero si no hay diferencias importantes, el problema en el que estamos no será una cuestión de nuevas leyes electorales, aunque sin duda hay mucho que mejorar en materia de financiamiento y representación, por citar sólo dos temas, sino de actores que las respeten.

Se ha mencionado, por ejemplo, que con una segunda vuelta no enfrentaríamos la actual incertidumbre. Dependería de cómo votaran los mexicanos. Con un margen cerrado habría también un problema serio si el perdedor no acepta serlo por una diferencia pequeña. Salvo que estemos pensando en reformas surrealistas, como repetir en automático las elecciones cuando la diferencia no sea mayor a un millón de votos, algo que simplemente llevaría el problema a los casos en los que la distancia del milagroso millón de votos sea estrecho, o de plano evitar las molestas votaciones y preguntarle directamente al pueblo en magna asamblea nacional sus sabias preferencias.

elizondoms@yahoo.com.mx