Neopaternalismo electoral

Ante el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del día de hoy (23 de mayo), viene mucho al caso recordar este artículo publicado hace un par de meses relacionado con las decisiones de los órganos del estado respecto a la libertad de expresión...

Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma
6 de marzo del 2006

La expresión libre de las ideas vive malos tiempos. Y no solamente por el embate de los poderes fácticos que se incomodan siempre por la denuncia que los exhibe. También por la desconfianza de los órganos estatales que encuentra buenas razones para callar al impertinente. Las instituciones mexicanas de la imparcialidad han dado múltiples muestras de su desprecio por la libertad de expresión. En el combate con otros valores, el derecho de opinar, de criticar, de ridiculizar ha sido una y otra vez vapuleado institucionalmente. La decisión de la Suprema Corte de Justicia negando el derecho a expresar rabia frente a los símbolos patrios no es la única decisión estatal que vulnera la médula de la libertad. Legisladores, árbitros y jueces se plantan en contra del derecho de hablar con independencia, en contra del derecho de opinar, de evaluar, de defender las convicciones. Los órganos del Estado obstruyendo el debate libre e informado de la sociedad; las instituciones públicas colocando bozales a quienes debían encabezar una discusión abierta y sin estorbos.

Al parecer estamos listos para la democracia pero no para la discusión que la envuelve. Tenemos el derecho de votar por quien nos dé la gana pero todavía no somos capaces de evaluar con sensatez las voces que se despliegan en el debate público. Nuestros preceptores nos cuidan de las voces indebidas. Los guardias del lenguaje democrático castigan en nuestro nombre a los habladores perniciosos. ¿De qué plaga nos protegen? Ya sabíamos que la libertad de expresión es inconveniente, ofensiva, vanidosa, insolidaria. Por eso es valiosa: porque pellizca intereses, porque pincha vanidades, porque impugna lealtades. Ahora el IFE la ha decretado antidemocrática. A su juicio, no estamos listos para que todos los ciudadanos hablen con libertad sobre el proceso electoral. Por ello el árbitro ha creado una subcategoría política.

Frente a los ciudadanos dotados de plenos derechos, existe ahora un conglomerado de semiciudadanos. Son los servidores públicos: casi ciudadanos. El IFE fue prudente y no arrebató a los funcionarios públicos su derecho a votar el día de las elecciones. Tampoco decretó su expulsión inmediata del país. Incluso, en gala de generosidad, les permitió asistir a eventos partidistas, siempre y cuando sea en domingo. Pero los despojó de un derecho consustancial a la calidad ciudadana: el derecho de hablar, de opinar, de criticar. De acuerdo con el acuerdo del Consejo General del IFE, los servidores públicos deberán "abstenerse de emitir expresiones de apoyo o propaganda a favor de partidos políticos o ciudadanos". En materia electoral, los servidores públicos tienen el derecho de permanecer callados.

La decisión es aberrante: limita la discusión libre; sustrae del debate público un insumo indispensable y niega derechos fundamentales a una amplia categoría de personas. Pregunto: ¿es realmente ciudadano quien no puede hablar de asuntos políticos? ¿Puede llamarse ciudadano quien ha padecido la expropiación de su voz? El presidente Fox tiene derecho a hablar. Recordemos: es Presidente, no rey. Nosotros tenemos derecho a escucharlo. Mientras sus aliados tienen el derecho de recibir el respaldo de su palabra, sus opositores tienen derecho a sus tropiezos.