Francisco Báez Rodríguez
Crónica
25 de Julio de 2006
La coalición Por el Bien de Todos ha elegido un camino de dos vías en la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por un lado, objeta los resultados de aproximadamente 50 mil casillas, en las que presuntamente hay irregularidades e inconsistencias. Por el otro, levanta un recurso general, con causales abstractas, en contra de todo el proceso electoral.
A estas dos vías agrega otra, política, que consiste en las movilizaciones de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, con una consigna que no corresponde a ninguna de las vías legales: la del recuento voto por voto, casilla por casilla.
El primero es, por decirlo así, el camino tradicional de las impugnaciones electorales en México. A través de la demostración de irregularidades, se recuentan los votos de las casillas en las que no hay forma de saber cómo se sufragó y, en los casos extremos, se anulan los resultados de esa casilla. Este proceso puede terminar en que el ganador fue el mismo, en que cambia el ganador o en que el número de casillas anuladas es tal que obliga a repetir la elección.
Las condiciones en las que se desarrollaron las elecciones del 2 de julio hacen extremamente improbable, si no es que imposible que, a través de este método, se genere un recuento que cambie el ganador de la contienda presidencial u obligue a repetir la elección. Sin embargo, es lo que el PRD maneja en su propaganda dirigida a la población en general, con la salvedad de que ante el TEPJF no pidió la revisión de todos los paquetes electorales, sino de una parte.
La segunda vía legal es la que impugna la elección a través de causales abstractas. No tiene como objetivo limpiar la elección de presuntas irregularidades, sino anularla, y ya los coordinadores de las Redes Ciudadanas empiezan a admitirlo.
En ese sentido, resulta por lo menos sorprendente que buena parte del argumento realizado por la coalición Por el Bien de Todos haya sido bajado de Internet. No fue un grupo de abogados y politólogos que hubiera estudiado el desarrollo de las campañas y de la jornada electoral. Fue, en primer lugar, un trabajo de copiado y pegado de los documentos que aparecen en Internet, luego de que en Google uno teclea “fraude electoral”. Es nada más cuestión de hacerlo y verificar.
¿Qué quiere decir esto? Por una parte, que no hay seriedad. Por otra, que, sin querer queriendo, la coalición Por el Bien de Todos retoma los argumentos que presentaron los demócratas de Estados Unidos, en el 2000, cuando George Bush ganó la presidencia a Al Gore en medio del escándalo de las votaciones en Florida.
Lamentablemente para la coalición Por el Bien de Todos, hay muchas diferencias entre aquellas elecciones estadunidenses y estas mexicanas. Señalaré sólo las principales: allá la disputa era sobre los votos de una región específica, y aquí es de un área dispersa y prácticamente indefinida; allá la elección de Florida fue presidida por la secretaria de Gobierno de ese estado, quien —entre otras cosas— era parte del equipo de campaña de Bush, y aquí es presidida por el Instituto Federal Electoral, que es un organismo ciudadano; allá las papeletas eran distintas según el condado, aquí son únicas; allá hubo una serie de juicios entre las partes hasta llegar a la Suprema Corte, aquí existe un Tribunal creado ex profeso para estos casos.
Ahora bien, al argumento de Wikipedia se le agregan, por fuera de lo llevado al Tribunal, otros más. Estos se refieren, explícitamente, a la presunta intervención del presidente Fox en el proceso, a lo que el grupo cercano a López Obrador percibe como una política desigual de los medios ante los distintos candidatos, a las presiones que habrían ejercido algunas empresas sobre los votantes. Se trata, claramente, de una lucha por la opinión pública.
Por otra parte, los magistrados ya saben —porque son personas informadas— que, si Calderón es ratificado, AMLO de todas maneras considerará que es un mandatario ilegitimo y seguirá sus movilizaciones.
¿Cuál será la reacción de TEPJF ante este complejo entramado legal y político? Los calderonistas de más pura cepa esperan una respuesta formalista: la revisión caso por caso de las casillas impugnadas, con apertura de paquetes limitada a su mínima expresión. De la parte de López Obrador quisieran que el proceso se anulara por las causales abstractas, pero —a sabiendas de que no es así— se conformarían con una votación dividida en ese aspecto y con la apertura y recuento de las 50 mil casillas impugnadas (y la subsiguiente alharaca por las 80 mil que faltaron).
Debería ser evidente —más aún con la debilidad formal del recurso “madre” de la coalición Por el Bien de Todos— que el tribunal difícilmente se irá por cualquiera de los caminos que proponen las partes en disputa. El otro lo interpretaría como una toma de posición.
Por eso, la tercera vía es la que más tranquilidad y certidumbre puede darnos. ¿En qué consiste? En abrir una muestra representativa de los paquetes electorales de las casillas impugnadas. Si se encuentra en esta muestra que hay suficientes errores o inconsistencias como para abrir otros paquetes, seguir adelante con ese proceso. Si no las hay, darlo por terminado y proceder a la declaratoria de Presidente Electo.
De esa forma, sin ceder a ninguna de las partes, el tribunal habrá demostrado no sólo transparencia legal, sino también sensibilidad ante la demanda —manipulada o no— de un recuento, habrá terminado con el espantajo del fraude electoral y habrá apuntalado las instituciones electorales mexicanas, tan irresponsablemente golpeadas en tiempos recientes.
fabaez@gmail.com
25 de julio de 2006
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