Los venenos del interinato

Leo Zuckermann
Excélsior - Juegos de Poder
24-07-06

A finales de mayo escribí una serie de artículos sobre la posibilidad de que la elección presidencial se anulara. Recibí algunas críticas porque me había atrevido a especular con un escenario que se veía poco probable que sucediera. Sin embargo, López Obrador y su equipo habían hecho ciertas declaraciones que me llevaron a pensar, desde entonces, que estaban contemplando buscar la nulidad abstracta en caso de que perdieran, sobre todo por un margen estrecho. Pues bien, dos meses posteriores a mis artículos y tres semanas después de la elección, cada vez es más claro que la coalición lopezobradorista está buscando la anulación, lo que implicaría tener una Presidencia interina de 14 a 18 meses y la realización de elecciones extraordinarias en algún momento del primer semestre de 2008. De hecho, comienzan a aparecer artículos, como el de Carlos Fuentes en Reforma el jueves pasado, donde se dulcifica la posibilidad del interinato como solución política al conflicto postelectoral cuando, en realidad, la anulación de la elección y la Presidencia interina serían veneno puro para las instituciones políticas del país.

Los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben tener muy claras las posibles consecuencias en caso de anular los comicios y dar entrada a un interinato. Para empezar, una decisión de este tipo implicaría la posible destrucción institucional del IFE. No sólo de su actual Consejo General como erróneamente piensan algunos, sino del sistema entero en el que está fincado.

Para ilustrar este punto recupero la declaración del presidente de la casilla 2227 de Cerro Gordo, Juan Gilberto Castro Razo, cuando AMLO lo agravió por supuestamente haber "embarazado" una urna. La mentira generó que el ciudadano en cuestión expresara que no volvería a atender el llamado del IFE para recibir y contar los votos de sus vecinos. Con razón, el maestro pensó que uno no regala todo un domingo de su vida para terminar denostado en la televisión nacional.

De anular la elección, se corre el peligro de que los ciudadanos sorteados para recibir y contar los votos consideren su esfuerzo como vano o, peor aún, como en el caso del señor Castro, motivo para que los insulten. En este sentido, la ciudadanía ya no tendría incentivos para colaborar en la organización de las elecciones y se vulneraría todo el sistema en el que está basado el IFE. Así, se destruiría una institución que ha funcionado y que costó mucho tiempo, dinero y recursos construir.

Pero la anulación de la elección no sólo arruinaría al IFE sino al mismísimo TEPJF. Muchos políticos, comenzando con los panistas que van a tener la mayor cantidad de diputados y senadores en la próxima Legislatura, se sentirían agraviados por esta decisión. Hay que recordar que la nulidad abstracta que ha aplicado el Tribunal en otros casos ha despertado muchas dudas y enfurecido a los partidos que piensan que los magistrados se extralimitan en sus facultades. No por nada el Senado aprobó una iniciativa que quedó varada en la Cámara de Diputados, para reglamentar la causal de nulidad abstracta, de tal suerte que "la autoridad electoral no pueda invocar ninguna otra causal que no esté prevista en la ley de la materia".

Los senadores pretendían imponerles límites a los magistrados para que sólo pudieran invalidar por hechos consumados y probados y no por meros indicios. Querían "acotar la discrecionalidad que tiene el juzgador en materia electoral". Ahora imaginemos que los magistrados se atrevieran a anular la elección presidencial. El nuevo Congreso, sin duda, legislaría para quitarle poder al TEPJF. Por decir lo menos, la instancia jurídica de última instancia se debilitaría y, como en el caso del IFE, se echarían al cesto de la basura muchos años de experiencia institucional en materia de elecciones.

La anulación llevaría a una Presidencia interina que tendría que ser nombrada por el Congreso. Como quedó conformado este órgano, resulta que sería el PRI el partido que, en la práctica, decidiría al presidente interino, pues podría aliarse con el PAN o con el PRD. Paradójicamente, la resolución del Tribunal haría que el partido perdedor de las elecciones nombrara al mandatario que gobernaría el primer tramo del sexenio, lo cual no suena muy democrático que digamos.

Y luego está el asunto de las elecciones extraordinarias de 2008. ¿Cómo podrían llevarse a cabo estos comicios con un IFE y un TEPJF golpeados, quizás hasta destruidos? ¿Podría el Congreso dividido crear nuevas instituciones electorales? Adicionalmente, ¿no estarían los ciudadanos hartos de tener que enfrentar un proceso electoral más? ¿De verdad tendría sentido anular la elección cuando en las regiones donde esto ha sucedido han terminado ganando los mismos partidos en los comicios extraordinarios?

En su artículo, Carlos Fuentes se pregunta: "¿Cuánto puede hacer, en tan breve periodo, el Presidente interino, formalmente mero ‘caretaker’, jardinero o portero de la casa presidencial? Muchísimo si juzgamos por la Presidencia de Portes Gil". Y remata: "Hay que pensar que un Presidente interino, en democracia, tiene la posibilidad de ejercer un poder constructivo, firme e independiente de los factores que lo encumbraron".

¡Por favor! Es una barbaridad andar glorificando la posibilidad de un interinato. En México no se ha roto el orden constitucional sexenal desde cuando Lázaro Cárdenas tomó posesión como Presidente en 1934. La sola idea de un Presidente interino debería erizarnos la piel.

Al momento de tomar su decisión, los magistrados del TEPJF tienen que considerar las gravísimas consecuencias que desencadenarían al anular la elección. Es ridículo y hasta irresponsable endulzar la posibilidad de un interinato. Al revés de lo que piensa el literato mexicano, la anulación de los comicios presidenciales abriría una caja de Pandora llena de venenos políticos.

leo.zuckermann@cide.edu