¿Pacto de civilidad?

Leo Zuckermann
Excélsior - Juegos de poder
15-06-06

Imagine usted que mañana, antes de que jueguen las selecciones de México y Angola, sus capitanes se reunieran en presencia del presidente de la FIFA para firmar un pacto donde se comprometieran a respetar las reglas del juego, los árbitros designados y el resultado final del partido. ¿Qué pensaría usted?

Pues ahora traslade ese mismo pensamiento al ámbito de la política nacional, porque eso fue exactamente lo que ocurrió el martes pasado cuando siete partidos firmaron un pacto frente al consejero presidente del IFE con el rimbombante nombre de "Acuerdo Democrático por la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad". ¡A lo que hemos llegado!

El pacto comienza con un apartado de consideraciones donde se afirma "que es indispensable reencauzar el proceso electoral". ¡Ah, caray! ¿Acaso el proceso se había salido de cauce y era necesario redirigirlo por un buen camino? ¿Reconocen esto los partidos signatarios y el IFE como testigo? Esta frase en sí misma es una joya que bien podría utilizarse como eventual prueba de impugnación judicial de las elecciones.

También se considera "necesario establecer las condiciones de confianza que requiere la ciudadanía para el ejercicio libre y razonado de su voto, en la certidumbre de que los partidos políticos nacionales actuarán invariablemente por las vías institucionales y con respeto a la ley". De nuevo: ¡ah, caray! ¿Acaso los ciudadanos necesitábamos estas garantías para poder votar libre y razonadamente? Yo lo daba por un hecho y francamente me parece un tanto ridículo que los partidos tengan que firmar que van a cumplir la ley y respetar a la autoridad respectiva. A mí más bien me parece que son los partidos los que desconfían unos de los otros y que, por tanto, tienen que acabar signando este tipo de pactos. Que no nos vengan a decir que somos nosotros, los ciudadanos, los que necesitamos garantías. Son ellos los que las demandan.

Los partidos también se comprometen a respetar los resultados electorales "legalmente acreditados y sustentados en la voluntad ciudadana". Lo primero es lógico, lo segundo es un galimatías: ¿cómo se mide que los resultados hayan estado "sustentados en la voluntad ciudadana"? ¿Quién y bajo qué criterios lo decide?

Sin embargo, lo más preocupante de este pacto, que fue vitoreado por ser políticamente correcto, es la solicitud de que el IFE realice una auditoría para verificar la confiabilidad del Padrón Electoral, del sistema de Programa de Resultados Electorales Preliminares y del conteo rápido "con la participación de técnicos designados por cada partido". El IFE anunció que esto era imposible a estas alturas de la contienda. No obstante, esta cláusula se firmó y con la presencia del consejero presidente como testigo.

Ugalde tuvo que mandar un oficio aclarando lo que el IFE entendería por auditoría: una revisión administrativa y contable para verificar la relación contractual del Instituto con la empresa Hildebrando. Según informa el IFE, los partidos manifestaron, previamente a la suscripción del pacto, estar satisfechos con los términos del oficio dirigido por Ugalde. Sin embargo, esto no quedó suscrito en ningún lado por lo que, en caso de un eventual conflicto postelectoral, cualquier partido podría reclamar que no se cumplieron con todos los términos de lo pactado.