El Universal
Editorial
04 de septiembre de 2006
En las próximas horas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá emitir las resoluciones más difíciles de su corta existencia: la declaración de validez o no de la elección del 2 de julio y, de ser el caso, la declaración de presidente electo.
Aunque técnicamente la cuestión no parece tener complicaciones mayores, el proceso se ha impregnado de una preocupante incertidumbre por las airadas protestas de quienes se dicen defraudados, lo cual tuvo su punto crítico en la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados para impedir el sexto Informe de Gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.
Esa preocupación se ha hecho mayor ante el riesgo de que el resolutivo del Tribunal sea rechazado por alguna de las partes en pugna y en lo inmediato desaten nuevas presiones, como extender sus protestas para perturbar las fiestas patrias y la toma de posesión del nuevo presidente de la República.
Por eso este es el momento más crítico para el Tribunal, cuya esperada resolución difícilmente tranquilizará a las partes en pugna y por ende al país. Aunque no sobra decir que si la argumentación de la autoridad electoral es impecable y se sostiene por su apelación a los supremos valores de la democracia, la inconformidad tendrá que dar paso a la aceptación y a la reconciliación nacional.
Hoy es de la mayor trascendencia insistir en un llamado a la prudencia, a la inteligencia de todos, para encauzar los ánimos por el camino del diálogo fructífero y el reencuentro fraterno impostergable.
Sin desatender el marco legal que los mexicanos nos hemos dado, perfectible en todo caso, las derivaciones que la coyuntura electoral ha producido reclaman una respuesta política negociada, y por lo mismo también sensible ante las demandas de quienes se sienten defraudados.
Todo el país se ha visto inmerso en la tirantez expresada por quienes pretenden su triunfo y quienes lo impugnan. La discordia es inevitable en una justa electoral, pero la política sirve precisamente para buscar las coordenadas del acuerdo, pero del acuerdo que convenga a los intereses superiores de la nación.
El comienzo del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión puede obrar benéficamente en varios sentidos. Por lo que se refiere específicamente al conflicto postelectoral, los legisladores que fueron postulados por la coalición, y que quedaron en segundo lugar como fuerza política, tendrán manera de conducir por el entramado legal e institucional las gestiones que legalmente puedan servir a su causa. Sin desconocer que una disputa prolongada va inevitablemente a entorpecer la sana actividad de la nación y a inyectar más desconfianza y resentimientos en el seno de la sociedad.
Han sido horas muy difíciles para todo el país y en particular para los supuestos ganadores y perdedores del 2 de julio. Ante el resolutivo del Tribunal Electoral sería deseable una reacción popular de prudencia. La coyuntura no da para asumir actitudes triunfalistas de nadie y menos como resultado de una elección cuestionada.
Es necesario insistir en buscar la cohesión nacional en torno a los valores perennes y aspiraciones de todos los mexicanos y de abrir verdaderos puentes para el diálogo y solución pacífica de conflictos.
4 de septiembre de 2006
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