Última palabra

Sergio Sarmiento
Reforma – Jaque Mate
6 de Septiembre del 2006

“En este mundo no hay autoridad infalible, pero es necesario que alguien tenga la última palabra”.
George Bernard Shaw

Finalmente vino la decisión: dos meses y tres días después de la elección presidencial del 2 de julio. Y el resultado fue el mismo que tuvimos en un principio: Felipe Calderón es ya, oficialmente, el Presidente electo de México.

De la misma manera, la actitud de Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes no ha cambiado. Ellos siguen insistiendo en que ha habido un gran fraude. Sólo que ahora, a la ya enorme lista de los conspiradores de López Obrador, que incluye a los consejeros del IFE, a los ciudadanos que contaron los votos, a los representantes de la coalición por el Bien de Todos en las casillas y a los consejeros distritales que sumaron las actas, se añaden los siete magistrados del Tribunal Electoral, electos de manera unánime por el Senado, incluso con el voto de los senadores del PRD.

Como lo adelanté en mi artículo “Magistrados” del 24 de agosto, el Tribunal no tuvo problemas para revisar los 375 juicios de inconformidad sobre el conteo de los votos en la elección presidencial. Los precedentes son muy claros. A lo largo de 10 años, los magistrados han elaborado criterios sobre qué casillas pueden anularse y en qué casos. El principio de “determinancia”, que establece que sólo pueden anularse casillas en que las irregularidades sean mayores que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, fue clave en la resolución de muchas de las impugnaciones.

Como lo señalé en mi artículo del 24 de agosto, el principal problema vino con las impugnaciones que buscaban la nulidad por causa abstracta. En ese sentido apunté: “No deja de ser paradójico que, por tratar de ayudar a Calderón, tanto el presidente como el CCE (el Consejo Coordinador Empresarial) parecen haberle causado un perjuicio. Me dicen los especialistas que estos apoyos ilegales son el mayor riesgo para que se declare como válida la elección presidencial”.

Cuando escribí este párrafo, que se basaba en conversaciones con personas cercanas a los magistrados, recibí cuestionamientos tanto de funcionarios del gobierno como de miembros del CCE.

Pero la sentencia del Tribunal Electoral manifiesta claramente que los magistrados consideraron ilegales los comportamientos tanto del primer mandatario como de la organización empresarial. Fue el hecho de que no consideraron suficientes estas irregularidades para cambiar el rumbo de la elección lo que llevó a la declaración de validez de la elección. Pero debido a que los comicios se decidieron por menos de un punto porcentual, el riesgo de anulación generado por estos respaldos fue importante.

Dos fuentes distintas me han señalado que, cuando menos en un momento, dos magistrados se inclinaban por considerar como inválida la elección debido a las declaraciones y campañas del presidente Fox y a los anuncios del CCE. Estos votos no habrían cambiado la decisión, pero al menos la habría dejado como una votación dividida, lo cual habría sido peligroso para la estabilidad política del país en este difícil momento.

Los magistrados señalaron en distintas ocasiones los problemas que tiene la actual legislación electoral. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) es mucho más restrictivo que las leyes sobre la materia de otros países. En casi todo el mundo no sólo es legal, sino esperado, que los jefes de gobierno hagan campaña por su partido y promuevan el apoyo por determinadas políticas públicas. En ningún país del mundo, por otra parte, se considera ilegal que un ciudadano compre tiempo de publicidad para promoverse a sí mismo o sus ideas políticas, como lo hizo Víctor González Torres, ni que una asociación empresarial, como el CCE, promueva sin mencionar nombre alguno de candidato las estrategias políticas que aseguren una estabilidad financiera.

Pero las leyes ahí están y los magistrados no han hecho más que aplicarlas. En el caso de la validez de la elección, la interpretación de las leyes que prohíben las intervenciones políticas de quienes no son los candidatos o sus partidos ha llevado a una difícil y subjetiva decisión. Y reconozcamos que en determinadas circunstancias, y con otros magistrados, la anulación de la elección habría sido posible dentro de lo que marca el Cofipe.

En el tema electoral, como en cualquier otro, alguien debe tener la última palabra. Y el Tribunal Electoral la ha tenido. El fallo me parece correcto. El Cofipe no contempla la posibilidad de anular la elección presidencial. Para declarar inválidos los comicios, se requerían causas muy graves que a mi juicio no estuvieron presentes. El 2006 no tiene nada que ver con 1988, pese a lo que afirman los que en aquel entonces defendieron el fraude.

Pero mal haríamos en no prestar atención a la llamada de atención de los magistrados. Necesitamos afinar el Cofipe de manera que, cuando llegue el momento, aun en una elección definida por un voto, no haya necesidad de ninguna interpretación subjetiva por parte de los magistrados.

sarmiento.jaquemate@gmail.com