Llegó la hora de las definiciones

Leo Zuckermann
Excélsior - Juegos de poder
06-09-06

Un ministro de la Suprema Corte me dijo que el negocio de administrar justicia no era una actividad para aquellos que buscan la popularidad. Por definición, cuando un juez (o un cuerpo colegiado de éstos) resuelve un conflicto entre dos partes, deja contenta a una de ellas y disgustada a la otra. En el mejor de los casos, la tasa de aprobación de su trabajo es de 50 por ciento.

La sentencia final e inatacable del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) sobre la elección presidencial dejó satisfechos a Calderón y a sus simpatizantes e insatisfechos a López Obrador y a sus seguidores. Aquí no hubo, ni podía haber, sorpresas. Queda pendiente el juicio que hará la opinión pública acerca de la actuación del TEPJF, lo cual veremos pronto en las encuestas. Porque una cosa es la opinión de las partes involucradas y otra muy diferente la de quienes están alejados de la disputa.

Por mi parte, considero que el TEPJF hizo, en general, un buen trabajo. He revisado algunas de las 375 sentencias de los juicios de inconformidad que recibió y me parecen convincentes las pruebas, los criterios y argumentos que los magistrados utilizaron para resolver las controversias. En cuanto al juicio para declarar la validez de la elección, el TEPJF revisó los hechos, los ponderó bajo ciertos criterios jurídicos y decidió que no había elementos para anular los comicios presidenciales. El asunto no era nada sencillo, pues resultaba muy difícil comprobar empíricamente que ciertos actos impugnados por la coalición Por el Bien de Todos, como el activismo del Presidente en favor de Calderón, habían sido determinantes para que éste ganara.

Quiero decir que no siempre he estado de acuerdo con las sentencias del TEPJF. En el pasado he criticado a estos mismos magistrados por algunas resoluciones que me parecieron absurdas. Fue el caso, en 2003, de cuando validó la elección de jefe delegacional de Miguel Hidalgo o hace unos meses cuando censuró algunos spots negativos y le ordenó al IFE convertirse en censor de contenidos.

En una democracia, es una obligación ciudadana ser críticos de las resoluciones judiciales y expresarlo. Los jueces deben saber que operan en una sociedad plural y crítica, donde sus decisiones son analizadas frente a la opinión pública. Es también una obligación ciudadana acatar las sentencias de los tribunales. Uno puede enojarse y argumentar que los magistrados cometieron una aberración, pero, si de verdad uno cree en el Estado de derecho y que la ley es el instrumento para regular la vida en sociedad, también debe respetar la decisión de los órganos jurisdiccionales.

El Tribunal ya habló: Felipe Calderón es el Presidente electo de México. Se acabó el proceso electoral; se agotaron los argumentos jurídicos. Con este acto, llegamos a un parteaguas en la atribulada sucesión presidencial. Guste o no la sentencia del TEPJF, vamos a ver quiénes son los actores políticos que sí la acatan y quiénes no. No será fácil para los que apoyaron directa o indirectamente a López Obrador. Tienen una decisión muy difícil que tomar: o eligen la ruta de las instituciones (con todos los defectos que éstas puedan tener) o prefieren el camino de un personaje iluminado que promete purificar a la República. Ha llegado la hora de las definiciones.

leo.zuckermann@cide.edu