Desobediencia civil

César Cansino
El Universal
03 de agosto de 2006

El tema de la desobediencia civil ha sido central en la filosofía política desde tiempos remotos. En general se asume que los actos de resistencia popular frente a los abusos de la autoridad o en favor de la ampliación de derechos civiles y políticos largamente escamoteados por gobernantes autoritarios, no sólo constituyen causas legítimas para la activación y la protesta sociales, sino también catalizadores decisivos del avance ciudadano en la conquista de mejores niveles de justicia y equidad.

Sin embargo, para que supuestos actos de desobediencia civil puedan calificarse explícitamente como tales, deben ceñirse a ciertos criterios muy concretos, tanto de forma como de fondo. Dicho de otra manera, si bien todo acto de desobediencia civil es un acto de desobediencia a la ley, no todo acto de desobediencia a la ley es un acto de desobediencia civil.

Sirvan estas precisiones para intentar caracterizar las diversas acciones de protesta convocadas por la coalición Por el Bien de Todos y por su candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, a raíz de que el Instituto Federal Electoral (IFE) diera a conocer los resultados de las elecciones del 2 de julio y en vísperas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita su veredicto final sobre los mismos comicios. De entrada, la tesis del presente artículo es que las acciones de resistencia convocadas por López Obrador no califican bajo ninguna circunstancia dentro de la categoría de desobediencia civil.

En una definición de diccionario, por desobediencia civil se entiende un mecanismo de protesta social que consiste en la negativa a prestar obediencia a las leyes, decretos o fallos de algún gobierno o poder establecido. Esta desobediencia es pacífica y no violenta, manteniendo una actitud de protesta contra la autoridad con el fin de rectificar los errores que, a juicio de quienes protestan, ésta ha cometido.

Para que una protesta social sea considerada desobediencia civil debe reunir las siguientes características: constituye un desacato a una ley o a un fallo de la autoridad por considerarlo injusto; los ciudadanos que protestan lo hacen de manera espontánea y no movidos por el egoísmo de algunos o por causas de grupos o particulares, sino con el deseo de universalizar propuestas que objetivamente mejorarán la vida en sociedad; finalmente, se trata de acciones pacíficas donde se asume la pluralidad social y la posibilidad de que no todos los ciudadanos comulguen con sus demandas, de ahí que la desobediencia se autolimita para no violentar la integridad y los derechos de todo el tejido social.

De acuerdo con estas características, la protesta encabezada por López Obrador no puede ser calificada sin faltar a la precisión como desobediencia civil. En primer lugar, asumiendo que la legislación electoral es oscura y ambigua en muchos de sus contenidos, lo que puede alentar situaciones fraudulentas y poco claras en su aplicación, la impugnación a la actuación del IFE pierde sustento desde el momento en que el querellante -los partidos de la coalición Por el Bien de Todos- es uno de los artífices de la legislación que ahora impugnan, es decir, aprobó en el Congreso las leyes y las reglas del juego electorales por convenir a sus intereses. De ahí que desobedecer la ley electoral sólo cuando no le resulta favorable le resta sustento a la desobediencia que ahora promueven.

En segundo lugar, la protesta encabezada por López Obrador no es espontánea ni responde a una percepción social generalizada de injusticia y agravio. Si acaso es la lucha de un líder y un puñado de partidos por lo que consideran un atropello electoral, pero que como tal no ha convencido a toda la población.

Finalmente, por las acciones más recientes del movimiento de la coalición -el bloqueo de importantes vialidades de la capital-, la protesta que promueven dejó de ser pacífica para violentar a la ciudadanía en sus derechos de libre tránsito y dañar los bienes públicos y los privados de comerciantes y residentes. Por todo ello, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Aquí, más que desobediencia civil, hay una lucha de intereses de grupo que en la práctica ha mostrado un profundo desprecio por la voluntad popular, por las instituciones, por la legalidad y por los propios ciudadanos.

cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada