Evidencias de un fraude

Francisco Báez Rodríguez
Crónica
15 de Agosto de 2006

Terminó el recuento de votos de las casi 12 mil casillas cuyos paquetes fueron abiertos por instrucciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es momento para revisar de nuevo los reclamos de la gente de Andrés Manuel López Obrador y el estado de la impugnación que presentó la coalición Por el Bien de Todos.

Las secciones que ordenó revisar el Tribunal fueron aquellas que: 1) fueron impugnadas por la coalición que impulsa a AMLO, 2) había errores aritméticos en sus actas. En otras palabras, son aquéllas en las que no coincidió el total de boletas recibidas con los datos detallados en las actas de escrutinio y cómputo. Sería en ellas donde podría detectarse, con más claridad que en ninguna otra parte, el fraude “a la antigüita” (descartado ya el fraude “cibernético”).

Hay que subrayar que las 11 mil 900 casillas no son una muestra representativa del total, sino un subconjunto en el que era más probable encontrar irregularidades y vicios que favorecieran a Felipe Calderón. Esto significa que las diferencias obtenidas por los principales candidatos no se pueden extrapolar al resto de las casillas.

Si bien se registraron algunas irregularidades, que nos hablan de una exactitud lejana a la perfección en el cómputo distrital, no existió, tampoco aquí, evidencia de un fraude maquinado y los datos y porcentajes de los candidatos —según diferentes fuentes— no varían mayormente. La coalición, al parecer, no encontró en estas secciones evidencia suficiente como para hacer viable la apertura de más paquetes.

De esto ya se dieron cuenta las principales figuras perredistas. Y es un problema político para ellos, porque el núcleo de la movilización del “voto por voto” ha sido la idea de que hubo un fraude que cambió el sentido de la elección. El meollo de la propaganda ha sido inculcar en la población la idea de que sus sufragios no fueron respetados por una confabulación de los grandes intereses.

Las respuestas han sido de dos tipos. Una —que he escuchado de Pablo Gómez y leído por declaraciones de Horacio Duarte— es que la mera existencia de inconsistencias numéricas en las actas es razón suficiente para anular las casillas. Si se anulan los votos de las secciones que el Tribunal aceptó revisar, entonces el triunfador es Andrés Manuel López Obrador.

El problema que tiene ese argumento es que, si lo tomamos en serio, no tendría caso la revisión ordenada por el Tribunal, que es precisamente para recontar voto por voto en esas casillas. Bastaría con impugnar cualquier error de llenado de actas para hacer un anuladero y reventar la elección.

Aún así, la versión de Gómez y Duarte tiene la virtud de que, al centrarse en la decisión del TEPJF, al menos mantiene la lucha por la Presidencia dentro de los marcos institucionales. Me da la impresión de que ambos políticos están haciendo una serie de saltos mortales para mantenerse del lado de López Obrador sin romper formalmente con la institucionalidad.

El otro tipo de respuesta lo ha dado el propio López Obrador. Da por un hecho que el Tribunal dará a Felipe Calderón la constancia de Presidente Electo. El carril del “voto por voto” ya le queda estrecho. Y está empujando a sus partidos y a sus seguidores a una confrontación que va más allá de lo electoral. AMLO sabe que no ganó en las elecciones realizadas de acuerdo con las reglas que nos dimos los mexicanos. No parece dispuesto a encabezar una oposición legal y parlamentaria (de hecho, la composición del Congreso parece tenerlo sin cuidado) o tener influencia en políticas de gobierno. A cambio, prefiere el rumbo de la “resistencia civil”, minoritaria pero aguerrida y sobre todo definida por él mismo.

Cuando termine su labor el Tribunal, y se vea que la evidencia del fraude era un espejismo, el fraude importará menos. Ya se habrán caldeado suficiente los ánimos. Ya se habrá rebasado, con largueza, el marco de convivencia legal. Será hora de ir más adelante, en una fuga que —parafraseando a Gómez Morín— tiene aspiraciones de “brega de eternidad”.

Seguirá, muy probablemente, una “Convención Nacional Democrática”, en donde “decidiremos (nosotros, El Peje, en plural mayestático) el papel que asumiremos en la vida pública de México”.

Me pregunto si será convención, con delegados y todo, o nada más asamblea para que todos griten que sí. Pero más me pregunto qué papel van a jugar el PRD, el PT y Convergencia en el asunto. Porque, después de todo, son partidos políticos nacionales y, como tales, son —en primer lugar— un vehículo para la obtención de puestos de representación popular a través de las elecciones.

Si lo electoral es rebasado, entonces pierden su sentido, su razón de ser, al menos en los términos que señala la ley.

Entre las obligaciones para los partidos políticos nacionales, que marca el Cofipe en su artículo 38, están: “a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno”.

Un partido puede rehusarse a cumplirlas, pero debe tener en cuenta que, al hacerlo, se pone al margen de la ley. Como el Partido de los Pobres, por ejemplo.

Hay crecientes evidencias de un fraude contra los partidos de la coalición. Un fraude político. Con una alta dosis de demagogia los quieren llevar al despeñadero legal y, a final de cuentas, a la marginación. Tal vez se lancen, a pesar de la victoria histórica que consiguieron el 2 de julio. Todo sea por el Querido Líder.

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