Jorge Fernández Menéndez
Excélsior - Razones
24-08-06
En la misma medida en que se acerca el fin de la calificación de la elección del 2 de julio, con la evidencia de que el Tribunal Electoral confirmará a Felipe Calderón como Presidente electo y se ultiman los detalles para la instalación de la próxima Legislatura, los actores más radicales del proceso político se comienzan a quedar solos (y no hay mejor demostración de ello como el abandono creciente que sufre el plantón capitalino, hoy casi vacío) y las cosas empiezan, también, a tomar su curso natural.
El martes, los legisladores perredistas decidieron, todos, asumir sus cargos de elección popular y designar a sus nuevos coordinadores. A pesar de los discursos rimbombantes y de lo que su maestro Lenin hubiera calificado, sin dudarlo, como "infantilismo de izquierda" ("no llamaremos a Felipe Calderón señor Presidente sino señor Calderón" o "participaremos del Congreso, pero no buscaremos acuerdos"), lo cierto es que la elección de los coordinadores envió un mensaje que López Obrador deberá entender: ni el senador Carlos Navarrete ni el diputado Javier González Garza son personajes del primer círculo del lopezobradorismo. Se trata de destacados militantes de izquierda y mientras Carlos es de los principales dirigentes de Nueva Izquierda, que encabeza Jesús Ortega, González Garza es un fundador del PRD y se asegura que mantiene una buena relación con Cuauhtémoc Cárdenas (recordemos que Cárdenas apoyó a Ortega en su búsqueda de la candidatura del DF) y que, según las versiones de días pasados, había sido vetado por López Obrador a causa de esa relación política. Son dos hombres del perredismo que dejaron en el camino a lopezobradoristas que cometieron errores políticos graves por seguir al pie de la letra las instrucciones del caudillo: el que más costos pagó fue Ricardo Monreal, quien declaró, a petición de AMLO, que los diputados y los senadores no debían asumir sus cargos. Así se descartó en automático para la coordinación del grupo de senadores.
Por otra parte, y como lo adelantamos aquí, Convergencia finalmente puso distancia con la coalición y la resistencia civil, dejó a sus militantes "en libertad" para sumarse a ella, pero evidentemente Convergencia sabe que tiene un peso político propio, con sus 17 diputados y cinco senadores, y quiere utilizarlo en su favor. Los últimos resquemores se perdieron, aseguran, cuando Dante Delgado, ahora coordinador de los senadores de su partido, tuvo que dejar en forma apresurada uno de sus restaurantes favoritos en la Ciudad de México, cuando comenzó a ser abucheado por los comensales. Esa es la anécdota, pero el dato duro es que los principales hombres del partido, además de Dante, como el presidente de CD, Luis Maldonado, Jesús Martínez Álvarez y Gabino Cué, impulsaron una misma posición de distancia con la coalición y, sobre todo, con las posturas más radicales de López Obrador. Para CD, además de los posibles acuerdos legislativos, uno de los temas clave es Oaxaca, que comienza a convertirse en el principal foco rojo a nivel nacional en términos de estabilidad política y social. Gabino Cué ha puesto sobre la mesa la que es, quizá, la propuesta más interesante para recuperar ambas: llegar a un "acuerdo de gobernabilidad" basado en una profunda reforma de las estancadas instituciones oaxaqueñas; establecer una nueva ley electoral y renovar con ello el consejo estatal electoral que tiene un fuerte sesgo partidista; establecer una ley de transparencia que permita conocer cómo se utilizan los recursos públicos en el estado y que el procurador de Justicia (puesto clave en una entidad tan conflictiva como Oaxaca) sea propuesto por el gobernador pero lo ratifique el Congreso. Hay muchas otras propuestas, mas ellas pueden y deben salir adelante aislando a los sectores más intransigentes de cada lado, se llamen el ex secretario de Gobierno, Jorge Franco, los muratistas duros o los militantes del EPR (que, aun cuando las autoridades insistan en que no están allí, ahí se encuentran). La salida para la crisis en Oaxaca no puede ser la desaparición de poderes, sino la renovación y modernización, mirando hacia el futuro, de las estructuras políticas y de justicia del estado. Y para eso se necesita, como lo propuso Gabino, un acuerdo de gobernabilidad, no una insurrección de una parte o una política contrainsurgente de la otra.
También llama la atención que, en forma coincidente con la distancia que ha mantenido la UNT con el lopezobradorismo (excepto en el caso de Roberto Vega Galina, todavía líder del Sindicato del IMSS, que ha perdido su curul en el Senado y está a punto de perder aquel liderazgo), distintos conflictos laborales parecen comenzar a solucionarse. Ahí está, en forma destacada, el minero, con el levantamiento de la más importante de sus huelgas, la de la planta de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, e incluso la aceptación del aumento salarial de 5.5% en la Volkswagen de Puebla, que permitió que el conflicto no escalara.
En otro ámbito, el del priismo, las condiciones también son buenas. Los gobernadores están dispuestos a trabajar con Calderón y ya están buscando acuerdos específicos para sus estados. Los coordinadores parlamentarios del tricolor, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, son también políticos natos, con amplia experiencia y voluntad política para la negociación y los acuerdos. En Chiapas debe mantener su estrategia de seguir escrupulosamente la vía legal. Y Oaxaca deberá exigir tolerancia y sentido común de todas las partes involucradas.
Las crisis implican conflictos, dificultades, pero son también sinónimo de oportunidad. Nunca el proceso de transición democrática estuvo en una situación tan difícil como la actual. Dejando de lado el "infantilismo de izquierda", la perspectiva para construir lo nuevo a partir de la crisis es, paradójicamente, promisoria.
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24 de agosto de 2006
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